Participación y Convención: Oportunidades para el crecimiento económico

Durante los últimos años se ha producido un cambio en el consenso económico respecto al rol del Estado y las instituciones relacionadas con el desarrollo económico. Por una parte, se ha expresado por la calidad de la institucionalidad, comprendida ésta como las reglas del juego político y económico, cuyas definiciones tienen impacto en el desarrollo económico de un país. Por otra parte, se plantea la necesidad de reformular el funcionamiento de dichas reglas e incorporar a la ciudadanía en este proceso. Lo cierto es que esto último no está exenta de riesgos, como la captura de grupos minoritarios en instancias participativas. Sin embargo, las cosas cambian y hoy resultan insoslayables las demandas de la población. La buena noticia es que estas prerrogativas pueden y son una oportunidad para el crecimiento económico. Un Estado moderno es impensable sin mecanismos de participación y la economía no se ha quedado atrás, en la actualidad existe mayor evidencia sobre el efecto positivo de la democracia en el crecimiento económico [1].

En el libro ¿Por qué fracasan las naciones?, los economistas Daron Acemoglu y James Robinson [2] concluyen que para fomentar el crecimiento las instituciones deben ser “inclusivas”, es decir, proteger los derechos de propiedad que permitan a los individuos participar en relaciones económicas rentables -de todxs lxs ciudadanxs, no sólo de la élite. Ahora bien, la vitalidad de estas instituciones económicas es imposible sin la existencia de instituciones políticas que permitan a las personas participar de forma directa en la toma de decisiones de políticas públicas que las y los afectan directamente. Sin mecanismos de participación en las instituciones de poder político corremos el peligro de concentrar el poder en pequeños grupos de interés, con lo cual se limitan los potenciales efectos positivos sobre el bien común.

Acemoglu [3] destaca que las diferencias en acceso a la educación, junto con mejores instancias de participación y una mayor equidad social, están dentro de los factores principales que determinan las posibilidades de prosperidad de las naciones. Por su parte, el filósofo Michael Sandel también ha destacado el rol de la participación en el funcionamiento de la democracia. En este sentido, se recalca que aunque este sistema no requiere igualdad perfecta, sí necesita de espacios de encuentro y de vida común entre los ciudadanos, donde personas de distintos orígenes tengan el mismo acceso a los bienes provistos por el Estado [4]. Con ello, se avanzaría hacia una cultura democrática más saludable y la construcción de tejidos sociales sólidos. En otras palabras, la creación de este capital social contribuye no sólo a cohesión y la paz social, sino, también, al crecimiento económico [5]. Junto con esto, cabe mencionar que con mecanismos efectivos de participación ciudadana también se contribuye a la legitimidad de las instituciones públicas, siendo esta una dimensión esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Por lo tanto, estos tres ingredientes –participación, cohesión social y legitimidad institucional– están estrechamente relacionados.

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Tras las masivas protestas sociales de octubre de 2019, la posibilidad de establecer una Convención Constitucional se planteó como una salida institucional para enfrentar el conflicto. Con ello, se buscaba responder a las demandas sociales que apuntaban al fortalecimiento de la democracia en Chile. Como hemos recalcado, la participación activa de la ciudadanía en este proceso puede mejorar la legitimidad del documento a crear y, por lo tanto, un mayor compromiso con la nueva constitución. Asimismo, consolidar un modelo que haga de la participación un eje central permitiría que se visibilice el interés general por sobre los intereses de grupos y contribuiría a la creación de una forma de democracia horizontal [6]. Con esto en mente, es importante recalcar que si la Convención no logra generar legitimidad mediante la participación, el costo podría ser altísimo en términos de crecimiento económico, aumentando la incertidumbre y la inestabilidad política.

Los primeros pasos para generar una Convención participativa ya se están dando: se creó la comisión de “Participación Popular y Equidad Territorial”, que ha comenzado la inscripción para audiencias con organizaciones o personas naturales, con el objetivo de recibir propuestas y/o apoyo en su despliegue. Adicionalmente a esto, las sesiones de la convención han sido transmitidas mediante canales de televisión públicos, lo que es un gran paso en términos transparencia. Sin embargo, han existido impedimentos tecnológicos: durante esta semana se reveló la imposibilidad de transmitir de forma simultánea el trabajo en comisiones, debido a la incapacidad técnica de la empresa a cargo. Una de las comisiones cuyo trabajo no está siendo transmitido es, irónicamente, la comisión de Participación Popular y Equidad Territorial [7].

La academia ha realizado recomendaciones sobre formas de fomentar la participación, haciendo énfasis en la presencialidad descentralizada, sugiriendo audiencias públicas en todas las capitales regionales del país y la creación de un “Foro Nacional” que defina los contenidos temáticos que no pueden faltar en la nueva Constitución [8].

Adicional a esto, muchos de las y los convencionales constituyentes han generado instancias de rendición de cuentas sobre sus labores en la Convención vía on-line. Si bien esto es un buen indicio de la disposición a incluir a las y los ciudadanos, el uso de instancias participativas mediante internet excluyen a un porcentaje de la población que se ve imposibilitada de participar –ya sea por la existencia de brechas de acceso en caso de las zonas remotas o por las brechas de habilidades y usos en caso de niños y adultos mayores. Esta exclusión no es despreciable si se considera que casi el 50% de las personas mayores de 60 años declara nunca haber usado internet [9]. Este último antecedente debe ser abordado por la política pública, no solo por la Convención, sino por la institucionalidad política que está llamada a avanzar en el derecho a la conectividad y mecanismo que se ajusten a las formas de comunicación del siglo XXI.

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El fomento a la participación debe tener también un rol importante en el contenido del nuevo texto. La nueva Constitución podría consagrar nuevos mecanismos de participación directa tales como el referéndum y la iniciativa popular de ley, dos medidas presentes en constituciones de países altamente participativos, como Suiza. Además, se podría ampliar la definición de ciudadano y con eso ampliar el derecho a voto. Las instituciones que esta Constitución cree o modifique también deben ser legítimas a ojos de los ciudadanos y, como hemos recalcado a lo largo de esta columna, la participación ciudadana y la transparencia son fundamentales para lograr este objetivo.

Más allá de las dificultades, creemos que el nuevo marco jurídico debe dar mayor autonomía deliberativa a las regiones, descentralizando el poder político y económico. La literatura económica muestra que la descentralización fiscal –es decir, como las responsabilidades de gastos son transferidas a nivel regional– podría tener efectos positivos sobre el crecimiento si los niveles de gobernanza son buenos [10].

En definitiva, la participación de la ciudadanía –no solo durante el proceso constituyente sino en la esfera política futura– está estrechamente vinculada con el crecimiento económico a futuro. La calidad de la democracia y sus instituciones son sumamente importantes para la futura estabilidad política y económica. En este momento tan pivotal, la Convención Constituyente y el documento que redactará deben garantizar mecanismos de participación vinculante no sólo durante el proceso de redacción, sino también consagrar institucionalmente la participación para el Chile futuro.

Esteban Puente

Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Doctorado en Economía y Magíster en Economía. Actualmente, es Director Alterno del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, Director (Núcleo DESOC) y parte del directorio de la Fundación Saber Futuro.

Antonia Aguilera

Economista y Magíster en Análisis Económico de la Universidad de Chile.

Notas:

[1] https://economics.mit.edu/files/10759

[2] https://www.washingtonpost.com/entertainment/books/book-review-why-nations-fail-by-daron-acemoglu-and-james-a-robinson/2012/04/20/gIQAcHs8VT_story.html

[3] https://www.thelavinagency.com/news/democratic-participation-drives-economic-growth-daron-acemoglu

[4] https://www.youtube.com/watch?v=3nsoN-LS8RQ

[5] https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24533/w24533.pdf

[6] https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content//uploads/2021/06/Art%C3%ADculo-141_Mecanismos-de-participación-ciudadana_VF.pdf

[7] https://lavozdelosquesobran.cl/denuncian-imposibilidad-de-transmisiones-simultaneas-de-comisiones-de-la-cc-ossa-respondio-que-trabajen-por-turnos/

[8] https://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/serie-temas-de-la-agenda/mecanismos-de-participacion-ciudadana-en-la-convencion-constitucional/

[9] https://www.latercera.com/paula/brecha-digital-y-tercera-edad-se-estan-quedando-fuera/

[10] https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27507/1/Aspectos_basicos_de_la_relacion_entre_descentralizacion_y_desarrollo_economico.pdf